El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha exigido hoy, miércoles 25 de julio, al tripartito de PSOE, Podemos y Nueva Canarias (NC) que ponga en marcha “cuanto antes” el convenio necesario para que los jubilados canario-venezolanos residentes en Las Palmas de Gran canaria accedan a la ayuda de 5.164 euros habilitada por el Gobierno de Canarias.

Esta ayuda, que puede ser solicitada desde el pasado 10 de junio, tiene como objeto paliar la suspensión del pago de la pensión de jubilación que desde el pasado 2015 el gobierno venezolano ha realizado sobre todos aquellos pensionados que han abandonado el país como consecuencia de la situación socio-política que atraviesa.

Al respecto, la concejal del PP Rosa Viera explicó durante una rueda de prensa este miércoles que “este convenio debe suscribirse cuanto antes, porque además el Ayuntamiento tiene herramientas para hacerlo”, recordó. Este tripartito de PSOE, Podemos y Nueva Canarias siempre ha defendido ser un “gobierno social, de las personas”, pero sin embargo, se lamentó, “únicamente lo es en los titulares de prensa y no en el día a día”.

El PP defenderá una moción este viernes ante el Pleno municipal con este fin y evitar así “que el caos del Tripartito perjudique seriamente a la ciudad y a sus vecinos”, continuó Viera. “Los jubilados canario-venezolanos residentes en Las Palmas de Gran Canaria llevan meses de ventanilla en ventanilla sin que PSOE, Podemos y NC se hayan enterado aún cuál es su obligación con este colectivo”.

Las ayudas aún no han sido tramitadas porque su grupo gobierno tripartito sigue sin enterarse de lo que es gestión local ni de la responsabilidad que tiene entre manos”, aseveró la concejal de PP, que indicó que esta es la consecuencia de “tener un alcalde con obsesión por la foto y no implicado en los asuntos sociales”. Estas ayudas están dirigidas a personas en exclusión social o en riesgo de estarlo precisamente por los impagos del Gobierno venezolano desde hace casi cuatro años.

Estamos ante otro peldaño más de vergonzosa escalera del fraude social en la que el tripartito ha convertido su mandato en el Ayuntamiento”, afirmó Viera. En este sentido recordó que “cuando no ha sido el fraude del IBI social, lo ha sido el del bono social deportivo, o el del bono social del agua, el vergonzoso sobrante en el presupuesto social, la inexistente oficina antidesahucio o el recorte de horarios en atención ciudadana en Servicios Sociales”.

Situación apremiante

Por su parte, Alberto León, presidente de la Unión Canario-Venezolana, expresó la necesidad de gestionar “con premura” estos convenios. “Necesitamos que se formulen los mecanismos necesarios para que los beneficiarios de estas ayudas puedan percibirlas”, explicó, en relación al pago único de 5.164 euros que ha establecido el Gobierno de Canarias.

Es una situación apremiante, triste pero real, por eso estamos luchando, porque el 1 de octubre finaliza el plazo para poder solicitar esta ayuda”, continuó. León afirmó desconocer cuál puede ser el problema en Las Palmas de Gran Canaria, ya que “en este momento hay al menos dos ayuntamientos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife que ya están gestionándola”, concluyó.

 

 

 

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