Las Palmas de Gran Canaria, lunes 18 de noviembre de 2019.-El viceportavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, ha pedido al PSOE que “haga las cosas bien de una vez”en el trámite relacionado con la licencia urbanística del taller de megayates que está previsto que se instale en el istmo, junto a la zona del Acuario.

Sabroso afirma que “tanto la naturaleza e importancia del proyecto, como la preocupación ciudadana suscitada, exigen que Augusto Hidalgo se tome esto en serioy termine de tramitar la licencia con las mayores garantías”, después de que se haya conocido un informe de la Asesoría Jurídica municipal que exime al proyecto de realizar el trámite de evaluación ambiental.

Según el edil popular, a lo largo de la tramitación de la licencia urbanística, quedan reflejadas las dudas técnicas de si el proyecto debe someterse a evaluación de impacto ambiental o no, razón por la que el expediente fue remitido al Cabildo de Gran Canaria”para que valorase esta importante cuestión.

Sin embargo, el Cabildo devolvió el expediente al Ayuntamiento por ser competencia municipal desde la entrada en vigor de la Ley del Suelo. “Y este es el problema, que el gobierno local del PSOE sigue en ‘Belén con los pastores’ y no ha creado aún el órgano de evaluación ambiental de proyectos”,lamenta Sabroso.

A juicio de Sabroso, “esto es lo primero que hay que corregir”,por lo que debe llevarse al próximo pleno “una ampliación de funciones del órgano municipal de evaluación ambiental de planes”, creado hace año y medio, y sea competente también para la evaluación  de proyectos. “Que el expediente de esta licencia en cuestión sea valorado por dicho órgano especializado y dirima la cuestión de fondo, es decir, si es necesaria la evaluación de impacto ambiental o no”.

El edil destaca que el proyecto “merece la mayor de las seguridades jurídicas” al tiempo que “los ciudadanos tenemos derecho a procedimientos rigurosos y garantías de seguridad en los proyectos sensibles como este. Lo que no tiene justificación es que mientras se pensaba que otra administración tenía que resolver, que además requería de evaluación ambiental y que cuando se dan cuenta que el Ayuntamiento es quien debe resolver, ya no haga falta esa evaluación”.

En un mes y medio como máximo el órgano ambiental del Ayuntamiento puede abordar esta cuestión y aportar de una vez una coherencia completa a toda la tramitación de la licencia, porque si se hace dándole una patada para delante al balón, el riesgo de paralización judicial, por un lado, y la sensación de tomadura de pelo a los vecinos, por otro, serían mayúsculos”,concluye.

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